LA
QUERELLA CONTRA EL
JUEZ PABLO LLARENA.
Después
del aplazamiento sine die del Parlament que estaba convocada para proceder a la
investidura como president de Jordi Sánchez, contraviniendo los informes de los
letrados del Parlament y debido a que el juez Llarena no ha permitido la
excarcelación del pretendido aspirante. Roger Torrent ha promovido por obra y
gracia de la instrumentación partidaria de la institución, una “Querella criminal por prevaricación”
contra el Juez Llarena, instructor del caso del “Proces”.
Los
grupos independentistas Junts per Catalunya y ERC impusieron el viernes 13, su
mayoria en la Mesa del Parlament para aprobar que la institución presente una
querella por prevaricación contra el Juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
A
mí me parece que esa “Querella” no
va a tener los efectos deseados por Torrent, que se empeña - según sus
manifestaciones - en lograr la República y las libertades de manera permanente
y total. Porque presentar una querella contra el juez Llarena, no ha provocado
el fin de la situación dantesca en que se encuentra el Parlament. Incapaz de
presentar un candidato, sin cargas judiciales a la espalda, y que sigue
apostando por dilatar ese escenario de caos político, económico y social en
Cataluña.
La
“estrafalaria querella” me permite
abordar, una modesta reflexión, porque se ha realizado o se va a plantear, en
una situación caracterizada por lo que
es, en gran parte, el resultado del fracaso total y absoluto del Gobierno de
Mariano Rajoy, en todos los frentes a los que debía como gobierno haber
intentado al menos “Alguna mínima
solución”.
Por
esa razón, y sin pretenderlo, si se interpone la anunciada “Querella criminal” contra el Juez Llarena, va a aumentar aún más
la dimensión de este juez como una buena referencia para millones de españoles.
Porque
después de la no respuesta a la euro-orden para ser extraditado Carles
Puigdemont por los delitos de Rebelión, por la Audiencia Territorial alemana,
que por el momento ha vetado que Puigdemont se entregado a la Justicia
española, la mayoria de los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo, aparecen como la autoridad que no se rinde de sus funciones y Pablo
Llarena de manera muy significativa.
Porque
consideran que esa decisión del Tribunal Territorial alemán de vetar la entrega
de Puigdemont por un “Presunto delito de
Rebelión”, es una decisión inadmisible, derivada únicamente del mal
entendimiento del propósito de colaboración con
la orden de detención y entrega europea.
El
máximo órgano jurisdiccional español, por lo que se sabe, está dando la batalla
jurídica, hasta donde le sea posible, entiendo yo hasta lograr la entrega del
ex -president Puigdemont.
Porque
lo que está en juego ahora, es la soberanía de uno de los poderes del Estado
español, - el poder judicial -, que no puede ser coartado por ninguna otra
instancia, para enjuiciar lo que se estima un “Golpe de Estado” perpetrado por el independentismo los días 6 y 7
de septiembre pasados y el 1 de octubre del 2017.
Y
a mí me parece, que en el Tribunal Supremo al igual que en amplios sectores de
la sociedad, se tiene el convencimiento de que el Gobierno de Mariano Rajoy, ha
fracasado tanto en los aspectos operativos y policiales como fue el desastre
del 1 de octubre, sino también en el terreno político, porque la judializacion
de la crisis catalana, sin ningún acompañamiento de propuestas políticas que
pudiesen ser un remedio, “Han estado
ausentes”.
Y
esa opinión crítica, yo creo que la compartimos muchos españoles y porque no,
el Tribunal Supremo: “El Gobierno de
Mariano Rajoy, ha perdido la batalla de la opinión pública”. Y ahora, ya no
está en otra situación, que la de esperar que los Jueces resuelvan los
problemas del Independentismo, que solo puede abordarse con propuestas
políticas y no escondiéndose detrás de las “Togas
de los Magistrados”.
Y
que dicho con otras palabras, el crecimiento de esas realidades, como son el
inmovilismo, la inacción y el mal cálculo de la estrategia de “Dejar que pasen
las cosas” habitual en Mariano Rajoy, ha contribuido enormemente a llevar la
situación de Cataluña a un terreno impracticable de soluciones políticas.
Y
es que, las responsabilidades políticas – no las penales – de lo que puede
ocurrir en Cataluña, está irremediablemente repartido entre la
“Irresponsabilidad delictiva de los líderes independentistas” y el enroque
torpe de Mariano Rajoy, que en el fondo, ni ha hecho, ni propuesto, NADA,
porque ya está, solo para que dimita como Presidente, y el pueblo soberano
podamos decidir un nuevo Gobierno progresista de izquierdas, liderado por Pedro
Sánchez como Presidente.
Y
es que Mariano Rajoy, esta ya desarbolado porque concurren varias crisis: La
corrupción que ya forma un rosario de procesos donde la corrupción ha sido la seña
de identidad del PP, la crisis de la confianza que ya se le ha perdido, porque
la ciudadanía no le reconoce “Sus
virtudes de gestión económica”, entre otras. Como los Presupuestos
Generales del Estado, que siguen en el alero. Y la crisis catalana que es el
“Nudo Gordiano” de la política española.
Hoy
el único poder estatal que responde a pleno rendimiento - porque el legislativo
está paralizado por el Gobierno - es el
judicial, al que parece que el Gobierno de Rajoy le haya redirigido la gestión
del problema independentista.
Y
a mí me parece, que los Jueces, que están cumpliendo con su obligación, son a
estas alturas conscientes de que hay responsabilidades que no les conciernen,
porque una buena parte del problema en Cataluña es de naturaleza política. O lo
fuera, si el Gobierno hubiera implementado antes dos medidas: “El dialogo y,
subsidiariamente la aplicación del 155, mucho antes del 27 de octubre, cuando
ya se habían consumado hechos que, imparablemente conllevaban responsabilidades
de carácter penal.
Mariano
Rajoy, tiene un “Máster como
especialista en despejar los problemas, sin hacer nada para resolverlos”. Por
eso, con esa estrategia ha terminado por
perder hasta los atributos que son propios del Gobierno. Y ni él, ni su
Gobierno, tienen ya ninguna posibilidad de maniobrar ante los múltiples
problemas que tenemos los españoles. Han vaciado de facultades al Gobierno, y
por su estrategia de irresponsabilidad perpetua, se merece que los españoles le
pidamos la “DIMISIÓN YA”.
El
Independentismo ha hecho mucho daño a Cataluña y al conjunto del País, pero yo
estoy plenamente convencido que el Gobierno de Mariano Rajoy no puede remediar
el desastre político, económico y social que han provocado sus incapacidades
políticas manifiestas desde que gobierna.
Pero
también lo estoy convencido de que el Constitucional, y los Tribunales
significativamente el Tribunal Supremo y el Juez Llarena manejando
jurídicamente la crisis, harán un enjuiciamiento efectivo de responsabilidades
y tomaran dos decisiones muy interesantes y que tendrán los efectos por la “Sanción y la Disuasión” . Ya que las
sentencias que se dicten, sienten un precedente infranqueable a nuevas
aventuras segregacionistas.
15
abril 2018
César Llorca Tello
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