La abdicación de la corona
por Juan Carlos I, ha suscitado opiniones de todo tipo. Sin lugar a dudas la
que más relieve ha tenido es la exigencia por algunos sectores de la
convocatoria de un referéndum para decidir el modelo de Estado, si Monarquía ó
República.
De entrada creo
conveniente recordar que tras 40 años de Dictadura, el restablecimiento de la
Democracia en España, la Transición, fue posible por muchas razones, los
cambios económicos y sociales que España experimentó desde los años sesenta,
por el contexto internacional, por la necesidad de la Monarquía (Juan Carlos)
de dotarse de legitimidad propia y democrática, por la voluntad de la oposición
antifranquista y del reformismo del régimen franquista de impulsar una nueva
etapa colectiva en el país.
Esa etapa requirió un
cambio histórico esencial, extraordinario: Nada menos que la reinvención de la
democracia. Junto a muchos hechos, las luchas obreras, y estudiantiles, la
lucha clandestina de la oposición, la aparición de ETA, los problemas con la
Iglesia, la imposibilidad de de continuar el franquismo sin Franco, abrieron
las puertas a la Democracia. La reinvención de la democracia fue la gran obra
de una arquitectura política que supo construirse bajo y contra la dictadura
franquista.
Con el Rey Juan Carlos al
frente del Estado, España se transformó de forma inesperada y sorprendente, no
sin contradicciones y graves problemas en una democracia plena y progresiva.
Los poderes que el Rey
como jefe del Estado y de Gobierno había heredado del Dictador, se vieron
constreñidos de tal forma que Juan Carlos pasó de ser un Rey con todos los
poderes a ser una Monarquía Parlamentaria, donde si bien mantenía la jefatura
del Estado, ni Gobernaba ni se podía inmiscuir en la política que la Soberanía
Nacional decidiese con su voto en las Elecciones Generales que vinieron a
confirmar la Primavera Democracia que se iniciaba en nuestro país.
La Constitución de 1978
hizo posible la recuperación de las libertades democráticas, junto a la
proclamación de España como un Estado social y democrático, que reconocía la
Soberanía Nacional en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado
al mismo tiempo que en su artículo primero definía la forma política del Estado
español en la Monarquía Parlamentaria.
Sometido a referéndum el
proyecto de Constitución elaborado por una comisión donde estuvieron
representantes de todas las fuerzas políticas a excepción del PNV, obtuvo un
apoyo mayoritario del pueblo que la votó favorablemente por el 87,78% de los
votantes el 6 de diciembre de 1978.
La Constitución de 1978 ha
sido una pieza clave en la construcción de nuestra democracia, uno de los
hechos políticos más felices de nuestra reciente historia. Su vigencia a lo largo
de los últimos 34 años ha constituido y constituye la garantía del periodo más
largo de convivencia democrática que nos hemos dado los españoles
Desde entonces esta
Constitución, la que hoy está en vigor hasta que se reforme y la resultante de
las modificaciones se sometan a la Soberanía Nacional mediante un referéndum
para ese fin, sigue siendo la Ley de leyes que a todos los españoles nos obliga
a respetarla, incluso a aquellas fuerzas políticas y ciudadanos que en el
ejercicio de su legitimo derecho a reivindicar una cambio en la naturaleza
política del Estado, reivindiquen la República como modelo más acorde con los
tiempos en la segunda década del siglo XXI.
Por lo tanto parece, ó
debería parecer algo tan sencillo, como es, que hasta que no se proceda a la
reforma o a la elaboración de una nueva Constitución y esta sea sometida a
referéndum y aprobada por la mayoría de españoles. La que vale, la que regula
lo que somos y también lo que deberíamos hacer para transformar esa misma
Constitución, es lo que dispone desde el 1978 nuestra Constitución.
Mientras que no exista la
concordia de las fuerzas políticas que son la representación de la Soberanía
Nacional, para proceder a la elaboración de las reformas pertinentes, cualquier
exigencia por respetable que sea, de realizar un referéndum ¡Ya! para decidir
la forma política del Estado, ó tiene en cuenta la realidad legal necesaria
para hacer posible ese referéndum, ó solo conducirá a estrellarse una y otra
vez ante el muro de la legalidad vigente, y a producir frustraciones y
tensiones innecesarias en nuestro país.
Varios argumentos se
esgrimen por quienes reivindican el referéndum ¡ya! para decidir entre
Monarquía ó República. Veamos la solidez de “esos argumentos”.
Entre ellos, los que dan
por finiquitado el consenso de las fuerzas políticas que elaboraron la
Constitución del 78, por pertenecer al pasado, y esgrimen que hoy hay un amplio
sector de la ciudadanía, que no pudieron votar la que hoy está en vigor.
Flojo, pobre e
inconsistente argumento. Porque las Constituciones, no se reforman porque el
crecimiento demográfico de un país es tal que haya un gran número de ciudadanos
que no pudieron votar por no tener la edad para ello, o porque aun no les había
llegado el momento de realizar la primera inspiración cuando llegaron al mundo.
EE.UU tiene una constitución con más de 200 años de existencia y a nadie se le
ocurre plantear la necesidad de elaborar otra Constitución para que los que no
la pudieron votar porque no existían, lo hicieran ahora.
Otro argumento es el que
pretende afirmar que el consenso del 78, es agua pasada y que tilda de
traidores a las raíces históricas del PSOE, a quienes hoy defienden los
acuerdos constitucionales que dieron paso a la Libertad y la Democracia. Quizá
quien a esos argumentos recurre ven en ellos un buen instrumento para arremeter
contra el PSOE y crearle así un problema añadido a los que este partido trata
de resolver.
Y a quienes también, -
pues son los mismos - pretenden atribuir el republicanismo del PCE, están
deliberadamente ignorando la historia ó sencillamente no la conocen, y solo ven
la posibilidad tirando del “republicanismo” la ocasión de que seguir con esa
cantinela le aporte algún crédito electoral que tanto desean IU, como otras
fuerzas recién nacidas ó en vías de serlo, como PODEMOS.
En un reciente artículo
del historiador Santos Juliá, publicado en El País, el docto profesor tras un
repaso a la Historia, demuestra que ni en su origen, ni en las primeras décadas
de existencia de las izquierdas PSOE y PCE, la República estaba entre sus
preocupaciones.
Entre los males que de un
tiempo a esta parte, se achacan al proceso de Transición Política a la
Democracia iniciado en julio de 1976, ocupa un lugar destacado, lo que el
portavoz de la Izquierda Plural evocaba hace unos días en el Congreso como
“renuncia de tanta gente a tantos sueños y tantas convicciones”, hasta aceptar
un monarca designado inicialmente por el dictador.
El Sr. Cayo Lara, basaba
la legitimidad de la convocatoria de “un referéndum para que el pueblo decida
un destino”, precisamente “en todas esas renuncias en la Transición para que la
Democracia saliera adelante”.
Es asombroso que después
de 35 años, parezca que Izquierda Plural tenga claro que los males que afectan
a la Democracia proceden de aquellas renuncias, en mala hora consentida por los
partidos que fraguaron el pacto constitucional, y entre los que nadie diría hoy
que el PCE haya desempeñado un papel fundamental.
Vayamos recordando la
Memoria Histórica. ¿Es que los dos partidos de la oposición de izquierdas el
PSOE y el PCE renunciaron a su vocación republicana?.
En la historia de ambos
partidos, ni en su origen ni en las primeras décadas de su existencia, dieron
muestra alguna de que la República como forma política del Estado entrara entre
sus principales preocupaciones.
Desde la fundación del
PSOE por Pablo Iglesia (el de la chápela, el socialista, el auténtico), este
tardó 30 años en decidirse que entre la burguesía y el proletariado había un
espacio que merecía explorarse, el pensamiento republicano.
Es entonces a partir de
1909 que el PSOE accedió a formar una coalición con los republicanos que habían
sido tildados poco antes de “maestros consumado en el arte de engañar”.
Y esa coalición no se
materializó porque el PSOE aspirase a conquistar escaños en el Congreso de los
Diputados, sino porque serviría al PSOE para “ayudar a la revolución”.
La República adquirió así
para los socialistas un valor instrumental al que se atuvieron en el futuro,
valía en la medida en que permitía al proletariado “avanzar tranquilamente sin
innecesarias perturbaciones” hacia su meta final, la revolución socialista.
No en balde, en la reunión
promovida por la Alianza Republicana que tuvo lugar en San Sebastián el 17 de
agosto de 1930 a la que asistieron representantes de todos los partidos
republicanos, no acudió del PSOE aunque a título personal asistió Indalecio
Prieto.
Solo después de un largo y
difícil debate interno, las dos organizaciones socialistas el PSOE y la UGT en
octubre de 1930 se sumaron al Pacto de San Sebastián, en Madrid con el
propósito de organizar una Huelga General, que fuera acompañada por una
insurrección militar que metiera a “la Monarquía en los archivos de la
Historia.”
En la formación del Comité
Revolucionario formaron parte por el PSOE Indalecio Prieto, Fernando de los
Ríos y Francisco Largo Caballero.
En 1930 no era
sorprendente que Julián Zagazagoitia escribiese en “El Socialista” que “Un
socialista solo podía ver en la República con indiferencia, por la muy sencilla
razón de que a quien se había educado en las convicciones marxistas, le tiene
perfectamente sin cuidado el trastrueque que se opera en un país al pasar de la
Monarquía a la República”.
Y si nos referimos al PCE
y a la definición hecha por su Comité Ejecutivo también en los años 1930 acerca
de ¿Qué significaba la República para la clase obrera? El máximo órgano de
dirección de los comunistas afirmó: “Es la Guardia Civil garantizando la
propiedad y la explotación de los obreros y los campesinos, bajo la dirección de
un Presidente en lugar del Rey”.
Hoy se podrá decir que
sectarios, si, pero lo que no se puede es atribuir así, por la gracia del Sr.
Cayo Lara un Republicanismo que nunca existió, ni en el PSOE ni en el PCE. Pero
así fue y mientras las gentes festejaban el advenimiento de la República,
miembros del PCE irrumpieron en la Puerta del Sol gritando la consigna “Abajo
la República, vivan los soviets”.
Y en plena experiencia
republicana “El socialista” decía en su editorial que la República “ni vestida
ni desnuda nos interesa” y la deseaban la muerte.
Por eso ahora, cuando uno
escucha las interpretaciones de la realidad que hacen algunos, afirmando que
las izquierdas vienen de tradición republicana a la que traicionaron en los
años de la Transición, a uno se le revuelven las tripas.
El PCE, además renuncio a
plantear la cuestión de la República veinte años antes de que la Transición
comenzara, en 1956 cuando publicó su célebre declaración política “Por la
Reconciliación Nacional, por una solución democrática y pacífica del problema
español”, donde la República no se menciona para nada, precisamente en un
documento que contribuyo a clarificar por donde pasaban la conquista de la
Libertad y la Democracia. Para nada la República.
Y para armarme de
contra-argumentos, me referiré a la mismísima Dolores Ibarruri que en 1966, al
recordar que el problema del régimen estaba en la calle y evocar a quienes “en
el deshojar de la margarita política española” se preguntaban ¿Monarquía ó República? Afirmaba
que solo cabía una sola respuesta: DEMOCRACIA Y LIBERTAD, ambas en mayúsculas.
Pero cuando la República
se vio atacada por el golpe militar fascista de Francisco Franco, todos los
partidos acudieron a defenderla, por encima de su adhesión ó lealtad
republicana, con su identidad propia, sus estrategias y metas finales, que no
eran la República del 31, sino el comunismo, el socialismo, el anarquismo o la
independencia de los pueblos, por eso lucharon y por eso murieron y por eso merecen ser recordados y
respetados. Y eso exige, el no manipular la realidad 78 años después del inicio
de la Guerra Civil como ahora se está haciendo.
Tras nuestra guerra y la
finalización de la II Guerra Mundial, muy pocos en el exilio volvieron a
acordarse de las instituciones de la República salvo algunas personalidades
republicanas, pero sin el apoyo de socialistas ni comunistas ni de los
sindicalistas.
En 1962, varios partidos
de la oposición interior y del exilio con presencia del PSOE, reunidos en
Múnich basaron en su resolución la necesidad de Libertad y Democracia, sin
mencionar para nada a la República.
Y un poco más tarde el PCE
y otras personalidades independientes de la Junta Democrática no dejaron de
instar a Don Juan de Borbón a publicitar un manifiesto postulándose como
titular de la Corona, no que no quisieran un Rey en la Jefatura del Estado. Se
equivocaron de candidato, pero en el fondo lo que se expresaba era algo que
desde 1948 los socialistas y desde 1956 los comunistas ya habían hecho saber en
público y en privado que aceptarían un rey en la Jefatura del Estado siempre
que abriera un proceso constituyente con referéndum final.
Y eso fue lo que ocurrió a
partir de 1976 y hasta 1978, en condiciones que nadie podía ni imaginar
siquiera 30 años antes.
Y esa fue nuestra
historia, por eso parece un absurdo, aunque nada se pueda objetar a la
legitimidad de una reivindicación de la República, que los herederos de quienes
en los años 70 del pasado siglo, enseñaron a los jóvenes que el problema no era
Monarquía ó República, sino Democracia ó Dictadura, hoy se empeñen en plantear,
inventándose unas tradiciones que no existieron, 84 años después que el
problema es Monarquía o Democracia.
Lo lamentable es la
ceguera política que hoy padecen algunos políticos y ciudadanos, que se empeñan
en cerrar los ojos ante la realidad histórica que nos ha demostrado que si en
el 1931 el problema fue la Monarquía, en 1976 fue la solución. Deberían abrir
los ojos y convencerse de que solo apelando a la cordura, la responsabilidad y
la prudencia como actitudes indispensables para hacer frente al reto que
algunos pretenden plantear a la sociedad española, solo es posible encontrar
soluciones sobre el futuro de España en el marco constitucional y en el Estado
de Derecho que consagra la Constitución de 1978.
César Llorca Tello.
DNI 19 348 914 A
Benetusser 15 agosto 2014.
